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La pobreza entra en campaña con su nivel más alto en cuatro años en Valencia

 

Casa Caridad alerta del repunte de atenciones y centra sus críticas en la Conselleria que dirige la candidata de Compromís, Mónica Oltra.

 

 

La pobreza se cronifica en Valencia y se ceba con los más jóvenes. Casa Caridad realizó un total de 435.802 atenciones con las personas más desfavorecidas, un 7,6% más que en 2017 y la cifra más elevada de los últimos cuatro años, y ha aumentado «significativamente» la atención en el comedor social a mujeres, jóvenes y sobre todo extranjeros, que representan ya el 71% del total de las asistencias.

 

La entitad ha presentado, en vísperas de las elecciones autonómicas valencianas, la campaña de concienciación #votacontralapobreza y ha criticado que la Generalitat «no les trata todo lo bien que debiera», en concreto la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Gobierno valenciano y candidata de Compromís.

El presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que las atenciones a extranjeros han crecido un 66% coincidiendo con políticas de externalización y «cierre de fronteras en Italia y Grecia, que han provocado un cambio en los movimientos migratorios». Las nacionalidades que más crecen son Georgía, que se han multiplicado por 12; Ghana, por cinco, Rusia, Ucrania, Cuba y Colombia, por cuatro, y Honduras, Senegal y Venezuela, por dos.

Al respecto, ha apuntado que España «necesita que vengan personas para aportar a nuestro mercado laboral y que contribuyan a cotizar a la Seguridad Social para que puedan pagarse las pensiones». Además, ha resaltado que estos extranjeros, muchos de ellos pequeños comerciantes y profesionales en sus países de origen, vienen con «la ilusión de comenzar una nueva vida, asumir una nueva patria y colaborar y ayudar».

 

Además, los albergues de Pechina y Benicalap registraron una ocupación del 100% con 44.363 pernoctaciones, un 6,8% más que en 2017, y un reparto diario de unas 1.000 raciones de alimentos entre desayunos, almuerzos y cenas, hasta alcanzar las 327.741, con un aumento del 8,4%, respecto al ejercicio 2017. Miralles ha recalcado que «no se ha puesto a nadie en las calles sin una solución», por lo que la aunque la media de estancia en los albergues es de tres a seis meses, hay personas que llevan hasta dos años.

Del mismo modo, ha señalado que están «muy preocupados» porque aunque no se ha alcanzado la cifra récord de 640 comidas en 2009, el punto álgido de la crisis, el número de atenciones ha aumentado un 44% y «no para de crecer mes a mes desde 2018» hasta una media de 300 raciones diarias de comidas, cuando el comedor tiene a las 200 plazas. La atención a mujeres ha subido un 55%. Así, ha advertido de que si aumenta esta cifra pueden repetirse los problemas de orden público.

Miralles ha apuntado que a pesar de la mejoría económica de los últimos años, sigue habiendo muchos españoles, especialmente con edades entre 50 y 65 años, que sufren una situación de pobreza crónica por ser parados de larga duración. «El perfil ha cambiado y nuestro usuario ya no es un sin techo sino una persona que hasta ayer tenía casa y que con su trabajo o los subsidios que percibe no puede mantenerse», han constatado.

Asimismo, otro dato «preocupante» es que la asistencia en el comedor social a jóvenes sin trabajo de entre 18 a 30 años se ha doblado respecto a 2017 y triplicado sobre 2014, un colectivo «especialmente vulnerable que puede derivar en una situación de pobreza crónica». Uno de cada 10 usuarios son ya menores de 18 años.

Por su parte, la responsable de Trabajo Social del Multicentro de Benicalap, Cristina Sánchez, ha explicado que el pasado año se realizaron 63.698 atenciones personalizadas, un 4,3% más, en las que los trabajadores sociales diseñan un plan individualizado para lograr su reinserción mediante talleres de búsqueda de empleo o vivienda o acciones con las familias, entre otras.

Otro de los perfiles que más preocupa a la ONG son las familias. Así, el albergue de Benicalap destinado a este colectivo ha presentado un índice de ocupación del 100%. La gran mayoría son familias biparentales procedentes de países del Este de Europa o Latinoamérica con dos o más hijos que llegan a València solicitando protección internacional.

Esta preocupación por las familias también se observa en el aumento en un 36% de las acciones de asesoramiento, búsqueda de empleo y vivienda, talleres de formación o gestión de prestaciones del programa Escuela Familia que el año pasado realizó 7.500 actuaciones.

Asimismo, la gerente de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer, ha resaltado que el pasado año se puso en marcha el proyecto Fénix, una vivienda supervisada en la que conviven cuatro usuarios que han pasado con anterioridad por otros recursos de la ONG y que supone «la pista de despegue» para su reinserción. Hasta el momento han pasado nueve usuarios y cinco de ellos ya han «rehecho su vida con éxito». Los responsables de ONG están estudiando extender este poryecto a las familias.

#VOTACONTRALAPOBREZA

Miralles ha presentado la campaña #votacontralapobreza con la que pretende visibilizar las necesidades de las personas a las que atiende y ha pedido a los políticos que confíen en instituciones como Casa Caridad porque «están abiertas las 24 horas los 365 días para dar atención a los más necesitados».

Así, se ha preguntado qué pasaría en València con los más necesitados si no estuviera Casa Caridad, que es «un cajón de sastre» por los múltiples servicios y distintos perfiles que atiende. En concreto, Casa Caridad contó con un presupuesto de 4,7 millones en 2018 para cubrir todos los servicios que prestó, del que el 30% procede de instituciones públicas, frente a los 3,4 millones de 2017.

En ese sentido, ha destacado que el Ayuntamiento de València ha doblado las ayudas en consonancia con la puesta en marcha del albergue ‘Bona nit’. Sin embargo, ha hecho «un balance negativo» de las ayudas que concede la Generalitat porque pese al aumento de los servicios que prestan han descendido las subvenciones y la Conselleria de Políticas Inclusivas «no les tratan todo lo bien que deberían».

En concreto, desde que el Estado ha traspasado el 0,7% de la x solidaria a las autonomías el Consell les ha reducido las ayudas de 4000.000 a 360.0000 euros.

 

 

 

Fuente ABC.